La administración encabezada por la gobernadora Rocío Nahle ha quedado en entredicho tras revelarse que casi cien kilogramos de medicamentos, con un valor cercano a un millón de pesos, se echaron a perder en las bodegas de la Secretaría de Salud estatal. Mientras esto ocurría, diversas familias veracruzanas han documentado que sus recetas médicas no han sido surtidas de manera completa, lo que ha generado preocupación y molestia entre los usuarios del sector público de salud. La situación pone en evidencia la desconexión entre los recursos destinados a la atención médica y la realidad que viven miles de pacientes, quienes enfrentan carencias en el acceso a tratamientos indispensables para su bienestar.
De acuerdo con el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, celebrada el 6 de febrero de 2026, la Secretaría de Salud formalizó la baja de 98.7 kilogramos de medicamentos e insumos oncológicos. Este lote de fármacos caducó en los almacenes estatales debido a la falta de distribución oportuna y a evidentes deficiencias logísticas. El acta, un documento oficial que circula entre los funcionarios de la dependencia, detalla cómo la ineficiencia administrativa y la falta de compromiso en la cadena de suministro han provocado pérdidas económicas considerables y, sobre todo, han afectado directamente a quienes más necesitan estos insumos: los pacientes con enfermedades graves como el cáncer.
El mayor impacto de esta pérdida se registró en el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa”, que mediante el oficio SESVER/DA/SRM/DCC/008/2026 reportó el vencimiento de 75 kilogramos de medicamentos, cuyo valor asciende a 929,242.26 pesos. Por su parte, el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” notificó la caducidad de otros 23.7 kilogramos de fármacos, valuados en 15,067.94 pesos. Ambos centros hospitalarios son referentes en la atención de enfermedades oncológicas, por lo que la pérdida de estos insumos representa un duro golpe para la lucha contra el cáncer en la entidad, máxime cuando se reporta un alarmante incremento en la mortalidad por cáncer de órganos genitales en la región.
El acta oficial, firmada por funcionarios como la directora administrativa Elizabeth Escamilla Reyes y el director de Salud Pública Leonel Efrén Rivera Pinete, únicamente documentó el trámite administrativo necesario para dar de baja y desechar los medicamentos caducos. Sin embargo, el documento no señala responsabilidades ni sugiere sanciones por las omisiones en la entrega oportuna de los insumos a los pacientes. Esta falta de consecuencias administrativas ha generado indignación entre organizaciones de la sociedad civil y familiares de pacientes que, de manera reiterada, han alzado la voz para exigir transparencia y un correcto manejo de los recursos públicos en el sector salud.
Toda esta problemática se da en un contexto donde grupos de familiares de pacientes con cáncer mantienen gestiones y protestas constantes para exigir el abasto regular de quimioterapias y analgésicos. La repetición de incidentes como el actual recuerda las fallas ocurridas durante la administración de Cuitláhuac García, cuando en mayo de 2022 se documentó la caducidad masiva de fármacos bajo el argumento de excedentes en las compras. A raíz de ese escándalo, el entonces secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, fue removido del cargo, aunque en la actualidad dirige el programa IMSS-Bienestar en Veracruz. El nuevo registro de febrero de 2026 vuelve a poner en evidencia una severa falla en la cadena de suministro, que impide que los medicamentos adquiridos con recursos públicos lleguen a los pacientes antes de quedar inutilizables, afectando así la salud y la confianza de la población veracruzana en sus instituciones.
