La investigación en curso por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ha puesto en el centro de la polémica al Alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, quien es señalado como presunto autor intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez. De acuerdo con documentos obtenidos por medios de comunicación, se alega que el edil, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano (MC), emitió una orden para la privación de libertad de la comunicadora, quien fue secuestrada en su hogar el 2 de junio en Nanchital.
Los testimonios recabados apuntan a un contacto directo entre González Martínez y un supuesto líder de «Grupo Sombra», identificado por los alias «Shelby» o «Tommy». En esta conversación, el Alcalde habría instruido al líder del grupo delictivo para que se llevara a cabo el plagio y asesinato de Guzmán Ramírez, todo por la preocupación de que ella poseía una fotografía comprometedora en la que él aparece con un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
El relato de los hechos sugiere que, tras la irrupción violenta en el domicilio de la periodista, fue trasladada a un terreno conocido como «El Limonar», en Ixhuatlán del Sureste. Allí, Guzmán Ramírez fue sometida a interrogatorios y golpeada, lo que resultó en su muerte a manos de sus captores, quienes posteriormente desmembraron su cuerpo e incineraron los restos en un contenedor metálico antes de enterrarlos en una fosa clandestina. La FGE logró localizar esta fosa tras obtener una orden judicial, donde se encontraron restos óseos y otros elementos que confirmaron la identidad de la víctima.
Además de los cargos relacionados con el homicidio de la periodista, González Martínez ya enfrentaba una indagatoria por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, debido a su incumplimiento en la entrega del Plan Municipal de Desarrollo dentro de los plazos establecidos. La situación del Alcalde no es aislada, ya que también se ha iniciado un proceso de desafuero contra el Presidente Municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, del mismo partido, aunque no se han especificado los delitos que se le imputan.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó que ambos alcaldes han sido notificados formalmente sobre los procedimientos en su contra, otorgándoles un plazo de siete días hábiles para presentar su defensa ante la Comisión Instructora. Si se aprueba el desafuero por mayoría de votos, los funcionarios perderían su inmunidad legal y estarían sujetos a la acción de los jueces. Mientras tanto, la dirección de MC en Veracruz ha denunciado lo que consideran una persecución política por parte del Gobierno estatal y sus aliados, en respuesta a las acusaciones de la Gobernadora Rocío Nahle sobre vínculos del partido con la delincuencia organizada.
