En un contexto de creciente tensión por la ejecución de un megaproyecto hídrico, los comuneros zoques de Santa María Chimalapa, Oaxaca, han interpuesto un recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El objetivo de esta acción legal, iniciada el 13 de agosto, es detener la construcción del acueducto que se destinará a abastecer a Coatzacoalcos, Veracruz. Los habitantes de la región consideran que este proyecto representa un despojo de sus tierras y recursos hídricos, lo que ha desencadenado un fuerte rechazo en la comunidad indígena.
El amparo, que ha sido registrado bajo el expediente 583/2026, busca suspender la “Construcción de la nueva fuente de abastecimiento de agua potable en Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz” y está motivado por el temor de los comuneros de que la obra afecte gravemente la cuenca del río Uxpanapa, cuyo nacimiento se encuentra en su territorio. Según los comuneros, la extracción de agua del mencionado río, que ya enfrenta problemas por la deforestación, podría llevar a un daño irreversible en el ecosistema y alterar significativamente el ciclo hidrológico de la región.
Jesús Esteva, representante de la comunidad, ha expresado su preocupación sobre las implicaciones ambientales del acueducto, afirmando que no solo se está vulnerando el territorio zoque, sino que también se pone en riesgo la estabilidad climática de las montañas circundantes. Los comuneros han subrayado que este proyecto se está llevando a cabo sin la debida consulta a los pueblos indígenas, en contravención del Convenio 169 de la OIT, que establece la necesidad de una consulta previa, libre e informada sobre decisiones que afecten a las comunidades originarias.
Además, se ha denunciado que el acueducto favorece el suministro de agua para industrias, como complejos petroquímicos en el Corredor Interoceánico, mientras que las necesidades básicas de las comunidades locales, como el consumo doméstico y la agricultura de subsistencia, quedan en segundo plano. Ante esta situación, los comuneros han hecho un llamado a otras comunidades y organizaciones para unirse en la defensa de sus derechos y territorios, destacando que la situación es un “despojo disfrazado de progreso” que debe ser combatido legalmente.
Por otro lado, las autoridades federales y el gobierno de Veracruz han defendido el proyecto, afirmando que la construcción del acueducto La Cangrejera no afectará a las comunidades zoques. La gobernadora Rocío Nahle ha asegurado que la obra no implicará una nueva extracción de agua, ya que funcionará con el caudal que actualmente se utiliza. La Comisión Nacional del Agua ha añadido que las inversiones están destinadas a rehabilitar la infraestructura existente y que no habrá afectaciones ambientales. Sin embargo, la controversia continúa mientras los comuneros insisten en que sus derechos y recursos deben ser respetados.
