En un hecho que ha generado controversia en el ámbito legal de Veracruz, la empresa Agrogema Agro, especializada en la fumigación de cultivos, ha denunciado penalmente a cuatro funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR). Esta acción se produce tras el aseguramiento de varios bienes de la compañía, que incluye helicópteros, una aeronave, una aeropista y otras instalaciones, lo que la empresa considera un acto ilegal y perjudicial para su operación.
La denuncia, que fue presentada ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control de la FGR, sostiene que los funcionarios involucrados han causado un daño patrimonial que supera los 40 millones de pesos. Jorge Reyes Peralta, abogado de Agrogema Agro, destacó que, a pesar de haber transcurrido ocho meses desde la intervención de la empresa en enero, la situación legal del caso permanece estancada, sin que se defina si la empresa es investigada, imputada o parte ofendida.
Los funcionarios denunciados incluyen al fiscal federal en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y a tres agentes del Ministerio Público: Carlos Manuel Pérez Solís, Andrea Jahel González Castillo y Virginia Cecilia Blanco Hernández. Se les acusa de abuso de autoridad y de obstaculizar la administración de justicia, tras haber liderado el aseguramiento de los activos de la empresa, un suceso que fue divulgado públicamente.
Agrogema Agro, que cuenta con autorización para operar en la prestación de servicios de fumigación aérea agrícola, tiene su sede en Medellín de Bravo y opera desde un helipuerto conocido como “Helipuerto Ing. David Torres”. La empresa ha llevado a cabo una serie de recursos legales, incluido un juicio de amparo indirecto, para combatir lo que considera un aseguramiento ilegal. Sin embargo, el abogado de la compañía ha denunciado presiones y amenazas dirigidas a la jueza encargada del caso por parte del fiscal denunciado.
Ante esta situación, Agrogema Agro ha instado a la FGR y a su órgano de control interno a investigar a los funcionarios implicados y a sancionarlos por las acciones que han dañado su patrimonio. La empresa sostiene que la continua retención de sus bienes ha generado una crisis económica significativa, poniendo en riesgo su actividad y su futuro en el sector agrícola de la región.
