La empresa Agrogema Agro, especializada en la fumigación de cultivos y con sede en Medellín, ha llevado a cabo la presentación de dos denuncias penales contra cuatro funcionarios de la Fiscalía General de la República en Veracruz (FGR). La compañía argumenta que el aseguramiento de sus aeronaves, que incluye seis helicópteros, una aeronave y una aeropista, así como la confiscación de sus instalaciones, fue realizado de manera ilegal, ocasionando un daño patrimonial que supera los 40 millones de pesos.
El abogado de Agrogema Agro, Jorge Reyes Peralta, ha señalado que esta acción legal se centra en un fiscal y tres agentes del Ministerio Público de la FGR, quienes, tras la intervención de la empresa en enero del presente año, han mantenido el caso en un estado de indefinición. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha determinado si la empresa es investigada, imputada o parte ofendida, lo que ha llevado a la empresa a solicitar justicia ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control de la FGR.
Las denuncias apuntan a los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia, y están dirigidas específicamente contra el fiscal federal en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y los agentes del Ministerio Público Carlos Manuel Pérez Solís, Andrea Jahel González Castillo y Virginia Cecilia Blanco Hernández. Según la empresa, los funcionarios son responsables de la incautación de sus bienes, un acto que fue comunicado públicamente, generando un clima de preocupación y desconfianza en el sector.
Agrogema Agro opera legalmente como una entidad dedicada a la fumigación aérea agrícola, utilizando aeronaves y equipos autorizados, y cuenta con todos los permisos necesarios para su funcionamiento. Su base de operaciones se encuentra en el “Helipuerto Ing. David Torres”, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo. La empresa realiza servicios de fumigación en diversas regiones del estado de Veracruz y a nivel nacional, lo que hace aún más relevante la situación que enfrenta tras la intervención de la FGR.
Ante la situación adversa, la empresa ha impulsado varias acciones legales, incluyendo un juicio de amparo indirecto en contra del aseguramiento que consideran ilícito. Sin embargo, el abogado de Agrogema ha denunciado presiones y amenazas por parte del fiscal mencionado hacia la jueza que tiene conocimiento del caso, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre la integridad del proceso judicial. La empresa ha solicitado a la FGR que se investigue a los funcionarios involucrados y se tomen las medidas necesarias para reparar el daño patrimonial que han sufrido.
