La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha procedido a la clausura temporal de un terreno ubicado en la localidad de Chopantla, dentro del municipio de Coatepec, debido a la realización de actividades de tala y aprovechamiento de recursos forestales sin la debida autorización. Esta acción se llevó a cabo el 2 de septiembre tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre la situación irregular en el lugar conocido como Club Hípico Consolapa. Durante la inspección, los inspectores de la Profepa encontraron que se habían afectado 752 metros cuadrados y se había derribado un volumen estimado de 7.323 metros cúbicos de madera de jonote.
La falta de documentación que respalde la legalidad de las actividades forestales realizadas en este predio llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas. La Profepa determinó que las áreas afectadas pertenecen a un ecosistema de bosque mesófilo de montaña, caracterizado por su fragilidad ambiental, lo que incrementa la importancia de este caso. Coatepec se encuentra en la zona crítica forestal del Cofre de Perote, donde se han intensificado las acciones de vigilancia para proteger los bosques ante la presión de actividades no autorizadas.
Por otro lado, los problemas relacionados con la defensa del medio ambiente en México son alarmantes. Un informe presentado por la Universidad Iberoamericana revela que entre 2017 y 2024, 107 defensores de derechos ambientales han sido asesinados, y 24 han sido reportados como desaparecidos debido a su oposición a proyectos extractivistas. Este informe, que forma parte del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA), destaca que en el país se han detectado un total de 1.189 proyectos de extracción, reflejando un aumento del 47 por ciento en comparación con los datos anteriores de 2021.
El análisis de 4.667 notas periodísticas relacionadas con conflictos socioambientales revela que estos proyectos están organizados en diversas categorías, incluyendo minería, energía, infraestructura y biocomerciales. De estos, 853 proyectos han causado al menos una forma de afectación, siendo 614 de carácter social y 607 de carácter ambiental. Estos datos muestran que los daños no son eventos aislados, sino que forman parte de un patrón que afecta la salud, el acceso a recursos y los vínculos comunitarios, además de generar violencia.
Los integrantes del OCSA han señalado que el despojo territorial en México es un fenómeno complejo que involucra mecanismos legales, institucionales, socioeconómicos y coercitivos. Las acciones de denuncia pública y movilización representan entre el 60 y el 80 por ciento de los casos registrados en el ámbito extractivo. Este patrón de resistencia busca visibilizar las problemáticas y ejercer presión sobre las instituciones, destacando que las discusiones locales sobre megaproyectos suelen ser menos visibles, lo que complica la lucha contra el despojo y la defensa del medio ambiente.
