En el contexto actual de inseguridad en las carreteras de Veracruz, el gobierno estatal ha reiterado su compromiso de establecer un diálogo fluido con los transportistas. Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno, subrayó la importancia de esta comunicación y la colaboración con las instituciones de seguridad para abordar la problemática delictiva que enfrentan quienes realizan actividades de transporte en la región. Las autoridades buscan crear un ambiente de confianza donde los representantes del sector puedan expresar sus inquietudes y proponer soluciones efectivas.
Las preocupaciones de los transportistas han cobrado relevancia, especialmente tras las movilizaciones programadas por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC (Amotac) y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac). Ahued Bardahuil aseguró que las puertas de la administración estatal están abiertas para que estos grupos puedan presentar sus denuncias y alternativas que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras. Esta apertura ha sido fundamental para fortalecer la relación entre el gobierno y los sectores afectados por la inseguridad.
A pesar de que se han registrado avances en la seguridad, el secretario de Gobierno reconoció que persisten incidentes que generan inquietud entre los transportistas. Las autoridades no buscan minimizar la situación, y se han implementado medidas de vigilancia en las áreas consideradas más peligrosas, particularmente en la región de Altas Montañas. Esta estrategia incluye la colaboración entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas corporaciones estatales, enfocándose en desmantelar grupos delictivos y restaurar la seguridad en Veracruz.
En el marco de estas iniciativas, Ahued Bardahuil destacó la próxima instalación de arcos de seguridad en las carreteras, una medida que considera positiva para fortalecer la vigilancia. La implementación de tecnología en estos procesos ha sido respaldada por el estado, enfatizando que cualquier herramienta que contribuya a prevenir delitos será apoyada. Además, se está evaluando la regulación de plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte, con la intención de garantizar tanto la seguridad de los usuarios como condiciones equitativas para los taxistas concesionados.
Finalmente, el secretario de Gobierno se refirió a un asunto judicial relacionado con Román Vázquez, dirigente de Milpaz, indicando que se mantiene en contacto como enlace institucional. Sin embargo, enfatizó que las decisiones sobre el proceso judicial son competencia exclusiva de las autoridades pertinentes, y cualquier solicitud para acelerar los procedimientos deberá seguir el marco legal establecido. Esta postura resalta el enfoque del gobierno en actuar dentro de los parámetros legales, asegurando que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.
